Este lunes se llevó a cabo la promulgación de la Reforma al Sistema Notarial y Registral, una iniciativa que busca actualizar tanto los aspectos orgánicos como funcionales del sistema notarial, con el objetivo de avanzar en la agenda de modernización del Estado. El anuncio fue encabezado por el vicepresidente Álvaro Elizalde y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quienes destacaron que esta nueva normativa marca un hito en materia de transparencia, acceso ciudadano y calidad del servicio.
Concursos públicos y fin de los cargos vitalicios
Uno de los ejes centrales de la reforma es la instauración de concursos públicos para la designación de notarios, conservadores y archiveros, los cuales se realizarán a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Con este cambio, se busca terminar con la discrecionalidad histórica en los nombramientos y garantizar procesos basados en el mérito.
Asimismo, la ley pone fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer. También se prohíbe que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección o en eventuales nombramientos, evitando así conflictos de interés.
Fiscalización y defensa de los usuarios
Otra innovación importante es la incorporación del Sernac como entidad con facultades de supervisión y fiscalización. Desde ahora, las personas usuarias podrán presentar reclamos a través de las plataformas del organismo respecto a problemas de atención, deficiencias en los servicios o cobros indebidos. Con ello se fortalece la protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos.
Modernización y digitalización del servicio
La reforma también pone énfasis en la modernización tecnológica del sistema notarial. Entre los compromisos se encuentra la habilitación de acceso remoto y gratuito a los registros, la creación de sitios web informativos, canales digitales de reclamos y mejoras en la infraestructura física de las notarías. Estas medidas buscan agilizar trámites y reducir la burocracia, en línea con los estándares de un Estado moderno.
Transparencia en tarifas
Con la nueva ley se establecen precios máximos para los servicios notariales, fijados mediante un procedimiento técnico coordinado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía. Esta medida responde a una de las principales demandas ciudadanas: terminar con la falta de claridad y la variación arbitraria de tarifas entre notarios.
Mejora en la atención al público
Finalmente, la normativa contempla medidas para garantizar una atención más accesible y de calidad. Se fijan horarios obligatorios de funcionamiento, así como requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico en cada oficina notarial, asegurando mejores condiciones para usuarios y funcionarios.
Un cambio estructural esperado
La Reforma al Sistema Notarial y Registral representa un cambio estructural en una institución que históricamente había sido cuestionada por su falta de transparencia, altos costos y rigidez en los nombramientos. Con este avance, el Estado busca entregar un servicio más eficiente, equitativo y alineado con las necesidades de la ciudadanía en tiempos de transformación digital.