En el marco de la agenda de seguridad del Gobierno, dentro de seis meses entrará en vigencia la nueva Ley de Seguridad Privada, una normativa que marca un antes y un después en la regulación de un sector que ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Con cerca de 500.000 personas vinculadas a este rubro en el país y una facturación superior a los 2 mil millones de dólares, la industria de la seguridad privada se ha consolidado como un actor clave en el ecosistema de prevención y protección, lo que ha motivado la necesidad de modernizar sus estándares y marcos regulatorios.
La nueva ley releva el rol complementario de los actores privados en materias de seguridad, estableciendo mayores exigencias, fiscalización, capacitación especializada y una estructura normativa más clara, alineada con los desafíos actuales en esta materia. Tal como lo expresó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la normativa “moderniza los sistemas de certificación, que es una de las cosas que la industria requería con urgencia, pero también permite la focalización de recursos operativos de la policía en sus labores principales”.
Un esfuerzo colaborativo entre el Estado y el mundo privado
Las autoridades destacaron que la nueva legislación es fruto de un proceso de diálogo y trabajo conjunto de larga data entre el Estado y diversos gremios del mundo privado. Han participado en su diseño representantes de centros comerciales, asociaciones de bancos, empresas de seguridad electrónica y otras industrias afines, todos sectores que conocen de primera mano la importancia de contar con marcos legales claros y efectivos para garantizar entornos seguros.
Este trabajo colaborativo ha permitido construir una normativa robusta, que responde tanto a la necesidad de proteger mejor a la ciudadanía como a la de ordenar y profesionalizar una industria que ha crecido más de un 400% en los últimos años.
Cambios claves de la nueva Ley
Entre los aspectos más relevantes que introduce la nueva Ley de Seguridad Privada destacan los siguientes:
- Simplificación normativa: Se establece un único tipo de entidades obligadas a disponer de servicios de seguridad privada, categorizadas según el nivel de riesgo que representa su actividad para la seguridad pública. Esto elimina la dispersión y ambigüedad que existía en la normativa anterior.
- Capacitación especializada: Se modernizan las capacitaciones al personal, distinguiendo entre distintos niveles de riesgo y promoviendo la especialización según el tipo de actividad. Esto incluye una regulación más detallada para la seguridad en eventos masivos, ámbito que hasta ahora carecía de una norma legal de aplicación general.
- Obligación de denuncia: Las entidades reguladas tendrán nuevos plazos y obligaciones para denunciar delitos de los que hayan sido víctimas, lo que facilitará su persecución y reforzará la colaboración con las autoridades públicas.
- Fiscalización más eficaz: La ley contempla nuevas sanciones y multas para empresas que incumplan con la normativa, incluyendo aquellas relacionadas con eventos masivos. Además, se crea un canal de denuncia anónima para reportar posibles infracciones dentro del sector.
Rol de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Una de las novedades institucionales más relevantes es que la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, será el órgano rector encargado de la regulación del sector. Esta entidad tendrá la responsabilidad de:
- Otorgar, denegar, suspender y revocar autorizaciones y certificaciones tanto a personas naturales como jurídicas que presten servicios de seguridad privada.
- Dictar instrucciones y actuar como órgano de consulta.
- Interpretar el reglamento de la ley y mantener un registro actualizado de todas las entidades obligadas a cumplirla.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, subrayó que este cambio institucional es esencial para asegurar que las nuevas disposiciones se apliquen de manera efectiva y que el sector funcione bajo parámetros más profesionales y transparentes.
Una oportunidad para fortalecer la seguridad
La entrada en vigencia de esta ley representa un avance significativo en la modernización del sistema de seguridad en el país. Lejos de reemplazar a las fuerzas policiales, la seguridad privada cumple un rol complementario y estratégico, aliviando parte de la carga operativa de las instituciones públicas y contribuyendo a una mayor cobertura preventiva en espacios públicos y privados.
En un contexto de creciente preocupación ciudadana por la seguridad, esta normativa no solo busca elevar los estándares del sector, sino también ofrecer más confianza, eficacia y profesionalismo a quienes dependen de estos servicios día a día. Con esta nueva ley, el país da un paso decisivo hacia un modelo de seguridad integral, donde lo público y lo privado colaboran de manera coordinada para proteger a la ciudadanía.