A partir de ahora, todas las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos quedarán automáticamente inhabilitadas para postular o adjudicarse fondos, concursos o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Esta medida es el resultado de una modificación a la Ley N° 14.908, y representa un avance significativo en materia de protección de la infancia, equidad de género y uso responsable de los recursos públicos.
Una señal clara del compromiso del Estado
La nueva disposición responde a un principio de coherencia entre los compromisos públicos y privados. Así lo manifestó la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, quien afirmó:
“Sabemos que postular a fondos ANID no es algo que se hace de un día para otro. Requiere planificación, trabajo, proyección de ingresos. Lo mismo esperamos de quienes tienen una deuda con sus hijos o hijas: que se organicen, que regularicen su situación, que se hagan responsables. No se les está cerrando la puerta para siempre. Se les está diciendo: primero, cumple. Después, postula”.
Más de 270 mil personas inscritas en el Registro
Actualmente, 270.000 personas figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y se estima que más de 385.000 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de una pensión de alimentos. El 96% de los deudores registrados son hombres, lo que también visibiliza una dimensión de desigualdad estructural que impacta directamente en el bienestar de la infancia.
Una condición mínima de coherencia
La ministra Etcheverry subrayó que no se trata de una sanción, sino de una condición básica de coherencia en la entrega de recursos del Estado:
“Si alguien no cumple con una obligación tan básica, como es la pensión de alimentos, no puede estar en condiciones de recibir fondos públicos, destinados precisamente a promover la ciencia, la formación o la investigación. […] Es un incentivo claro al pago porque si esa persona regulariza la deuda, puede postular”.
Un mensaje potente desde la equidad de género
Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró la modificación legal y destacó el respaldo parlamentario que permitió concretarla:
“El Estado no puede premiar con recursos públicos a quienes incumplen con deberes fundamentales como padres; perjudicando a niños, niñas y adolescentes. […] Entendemos que la protección de la infancia y el reconocimiento al rol que miles de mujeres cumplen a diario no puede seguir siendo postergado”.
¿Cómo se fiscalizará el cumplimiento?
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) será la encargada de fiscalizar que los postulantes a fondos públicos no tengan inscripción vigente en el Registro. Este control se realizará de manera obligatoria y automatizada en dos etapas:
- Al momento de postular: Se verificará si la persona está inscrita en el Registro.
- Al momento de adjudicar fondos: Se volverá a revisar el estado del postulante en el Registro.
Si en cualquiera de estas instancias se detecta que el postulante mantiene una deuda vigente, su postulación será automáticamente inadmisible y no podrá acceder a los beneficios ni adjudicarse proyectos ejecutados por la ANID.
Con esta medida, Chile da un paso firme hacia una mayor responsabilidad parental, promoviendo el cumplimiento de los deberes básicos como condición previa para acceder a beneficios del Estado. Además, se alinea con un enfoque de justicia social, en el que el bienestar de niños, niñas y adolescentes es prioritario y no puede estar subordinado a incumplimientos legales de sus padres o madres.