A partir de este miércoles 13 de agosto, entró en vigencia una nueva normativa que permitirá a los usuarios identificar, a través de prefijos telefónicos, las llamadas masivas y comerciales, diferenciando entre aquellas solicitadas por el usuario y las potencialmente no deseadas.
La medida forma parte de la Agenda de Seguridad Digital del Gobierno y busca combatir el creciente problema de las estafas telefónicas en el país. Según datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), solo en 2024 las denuncias por este tipo de delitos aumentaron un 19% en comparación con el año 2023.
Chile se encuentra en una situación especialmente preocupante: los usuarios reciben en promedio 28 llamadas spam al mes, la cifra más alta de toda Latinoamérica. Este escenario ha impulsado la creación de un sistema de identificación que permita al público distinguir con mayor claridad entre una llamada legítima y una potencial estafa.
Nuevos prefijos: 600 y 809
La normativa establece que todas las llamadas comerciales y/o masivas deberán llevar obligatoriamente uno de dos prefijos para su identificación:
- Prefijo 600: Corresponde a llamadas solicitadas o esperadas por el usuario, generalmente de empresas o instituciones con las que ya existe un vínculo.
- Prefijo 809: Identifica llamadas no solicitadas, es decir, aquellas que el usuario no pidió y que podrían considerarse intrusivas o potencialmente fraudulentas.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que esta herramienta permitirá diferenciar llamadas legítimas de posibles estafas:
“Esta medida permite que las personas sepan que están recibiendo una llamada legítima y, por el contrario, si lo llaman de un +569 o de un número extranjero para vender algo, se trata de una estafa. Estos números buscan protegernos, identificar llamadas spam y evitar estafas telefónicas, que es la principal función de esta normativa”.
Sanciones para quienes incumplan
Las empresas que no cumplan con esta regulación se arriesgan a sanciones contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones. Las multas pueden ir desde una simple amonestación hasta montos que oscilan entre 5 y 5.000 UTM, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Un paso en la protección del usuario
La implementación de estos prefijos no solo busca prevenir fraudes, sino también otorgar a los ciudadanos un mayor control sobre sus comunicaciones. Poder identificar una llamada antes de contestar reduce el riesgo de caer en engaños y permite al usuario decidir con mayor seguridad si atender o no.
Con esta medida, Chile da un paso importante hacia la regulación de las comunicaciones masivas, equilibrando la actividad comercial legítima con la protección del consumidor frente a prácticas abusivas y fraudulentas.