 La Comisión Defensora Ciudadana (CDC) –el órgano que intercede entre servicios público y ciudadanía para obtener respuesta presentaciones (reclamos, consultas y solicitudes) a través de la web www.comisiondefensoraciudadana.cl- públicó el jueves (22 de julio) el primer informe regional sobre la situación de vulneración de derechos ciudadanos. Según los datos proporcionados por el presidente de la entidad, Alberto Precht, en lo que va del año la CDC ha registrado 40 presentaciones ciudadanas, cantidad que en igual lapso de 2009 alcanzaba a 14. Esto significa un incremento de 185%.
“La cifra neta no implica que las instituciones y servicios lo estén haciendo peor, pues el objetivo de la Comisión Defensora Ciudadana es de hecho aumentar esta cantidad, para lo cual llevamos a cabo una campaña informativa para que más personas acudan a reclamar cuando sientan que han recibido un servicio deficiente. Es crucial que la gente reclame, pues de otro modo el Estado no sabe qué anda mal y así no puede corregir las deficiencias”, dijo Precht, en Antofagasta.
El organismo explicó que la ciudadanía acude a la CDC cuando ya agotó la instancia de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), que se encuentra en cada servicio de la administración central del Estado. Así, del universo de reclamos que no se resolvieron en la primera instancia de las OIRS del servicio respectivo, 95% obtuvo respuesta en el nivel de la CDC. Más aún, 66% de las personas reclamantes logró una respuesta favorable a lo que solicitó, consultó o reclamó“.
"La mayoría de aquellas presentaciones que no se resolvieron en las OIRS, encuentran respuesta a través de la Comisión Defensora Ciudadana, lo que significa que hay cosas por corregir en el ámbito de las OIRS”, explicó Precht.
En la zona, las instituciones y servicios que presentan más presentaciones son en orden alfabético: COMPIN, Corporación de Asistencia Judicial, Dirección de Vialidad, Gendarmería de Chile, hospitales y servicios de salud de Antofagasta, Instituto de Previsión Social (ex INP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros.
¿Derechos ciudadanos?
Según la Encuesta de Derechos Ciudadanos, realizada por la CDC, el 28% de la población de la Región de Antofagasta declara desconocer cuáles son sus derechos ciudadanos al atenderse en los servicios públicos. A nivel nacional, 8 de cada 10 personas (80%) saben que tienen derechos ciudadanos. Pese al aumento de ciudadanos y ciudadanas empoderados de sus derechos, sólo 4 de cada 10 personas sienten que sus derechos se respetan siempre o casi siempre. Al identificar los ámbitos de la vida social en las personas sienten que más se respetan sus derechos, la mayoría señala a los servicios del Estado: 7 de cada 10 personas consideran que sus derechos se respetan “siempre” o “casi siempre” en este espacio.
Además de los reclamos de personas naturales, -gracias a los datos proporcionados por ChileCompra- la CDC incluye desde este año un sondeo de aquellos reclamos de empresas proveedoras del Estado. A través de la plataforma de licitaciones del Estado www.mercadopublico.cl, más de 850 organismos públicos realizan sus compras y contrataciones de bienes y servicios, con la participación activa de más de 90.000 proveedores a lo largo del territorio, que permiten transacciones por más de US$ 6.000 millones anuales. Esto genera ahorros para el Estado por cerca de US$ 180 millones y permite una mayor transparencia, eficiencia y acceso a este mercado a todos los interesados.
Pese a lo anterior, a la fecha las siguientes instituciones o servicios mantienen pendientes reclamos por compras públicas:
•4.104 (65%): Municipios
•995 (15,76%): Hospitales
•605 (9,58%) Gobierno central
•455 (7,21%)Universidades
•93 (1,47%)FF.AA.
•45 (0,71%)Interior
•16 (0,25%)Obras
•1 (0,02%)Otros
Además, la CDC registra -gracias a la información publicada por www.probidadytransparencia.cl- las estadísticas sobre las solicitudes de antecedentes públicos de la ciudadanía a través de la Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública. Según el informe, al 1 de julio de 2010, los 278 organismos públicos obligados por este instrumento legal habían registrado un total de 40.676 solicitudes, con un promedio de 92,87 por organismo desde que comenzó a regir la citada ley. La mayoría de las solicitudes recibidas corresponden a servicios u organismos relacionados con ministerios del área social (46,47%), seguidos por los ministerios económicos (31,97%) y finalmente por los ministerios políticos (21,56%).
Observando las solicitudes por carteras de Estado, el más requerido es el Ministerio de Defensa, que ha recibido 7.085 solicitudes de información; es decir, el 17,42% del total. Lo sigue el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con 6.418 consultas (15,78%) y luego el Ministerio de Educación, que recibió 4.293 solicitudes, equivalentes al 10,55%.
La Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública establece el derecho de cualquier persona a tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal. Por esto, es considerada como uno de los ejes de la Agenda de Probidad y Transparencia, y parte integrante de la Agenda de Modernización del Estado, ya que tiene como principal objetivo abrir la información de los organismos públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más cercano, generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública.
La mencionada normativa regula los siguientes aspectos: El principio de transparencia de la función pública; el derecho que le cabe a todas las personas de tener acceso a la información de los organismos del Estado; los procedimientos para ejercer y proteger ese derecho; y las excepciones para la publicación de la información.
Uno de los aspectos más importantes de la ley se refiere al principio de “transparencia activa”, que se define como la obligación que tienen los organismos y servicios de la administración central del Estado de mantener publicada y a disposición permanente de las personas información relevante para que la ciudadanía pueda conocer lo que se está haciendo, participar en los asuntos públicos y controlar cómo se comportan las autoridades.
La información que ahora debe estar a la vista del público debe cumplir, además, con ciertos estándares: tiene que incorporarse en forma completa, debe actualizarse al menos una vez al mes y debe desplegarse de un modo que sea fácil de identificar y con un acceso expedito. Un ejemplo en este sentido es el banner “Gobierno Transparente”, al cual se puede acceder desde todos los sitios Web de Gobierno, donde se encuentra toda la información que los servicios y organismos públicos están obligados a publicar en forma permanente. |
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