"Me tramitaron por más de dos años, pero cuando llegué a la Comisión, a los 15 días me resolvieron el problema”, dice con satisfacción, Évelyn Muñoz. Un error administrativo del Servicio de Vivienda y Urbanismo la obligaba a pagar una deuda de la antigua dueña de su casa.
Évelyn Muñoz, de 29 años, se muestra agradecida y lo reitera varias veces durante la entrevista. “Es que yo soy de las personas que sabe reconocer lo bueno”, dice. La historia de su problema se remonta a comienzos del año 2008, cuando el cartero comenzó a llegar mensualmente con cobros de dividendos de una y media unidad de fomento (UF). La pareja de Évelyn, Germán Flores, no le dio mayor importancia al asunto, porque tenían documentada la adquisición de su casa en Maipú, a través de un subsidio del fondo solidario que permitía comprar con deuda anterior. A Évelyn, sin embargo, le causó inquietud ese hecho. “¿Y si algo le pasaba a mi pareja y yo me quedaba en la calle?”, se preguntó, y de inmediato concurrió a la oficina metropolitana del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).
Allí comenzó su compleja experiencia con la atención pública, porque no obtuvo una solución durante los dos años en que pidió explicaciones. Relata que su pareja, con quien lleva 14 años y tiene un hijo de 11, “perdió el trabajo por esperar en el SERVIU de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Después nos decían que estábamos exagerando”.
El problema surgía de un error administrativo del servicio deslizado durante el trámite de adquisición de su casa usada, en cuanto a la cancelación de la deuda que mantenía la anterior propietaria del inmueble. “Pero en el SERVIU nunca se ponían de acuerdo para responderle a una. Por aquí te dicen una cosa y por allá te mandan de vuelta con otra. Me respondían con lo que decía el computador”, relata Évelyn.
Casualmente, un funcionario de FONASA le habló un día sobre la existencia de la Comisión Defensora Ciudadana, y así fue como concurrió a la oficina de Teatinos 251, en el centro de Santiago. Tras conocer los antecedentes, la Comisión ofició a la máxima autoridad del SERVIU, y 15 días después, a fines de marzo de 2010, llegó la respuesta con la orden de corregir el error en el sistema de información y cancelar así la hipoteca y alzar las prohibiciones que afectaban a la vivienda de Évelyn y Germán.
