La Comisión Defensora Ciudadana promueve un anteproyecto legal para evitar la 're-victimización' o 'victimización secundaria, asociada a las sucesivas declaraciones que deben prestar los menores de edad víctimas de abusos sexuales.
La Comisión Defensora Ciudadana y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana se reunieron para analizar los pasos a seguir para materializar el ante-proyecto legal, que busca reducir la “victimización secundaria” de menores de edad que han sido víctimas de abusos sexuales o violencia.
“Esta ‘victimización secundaria’ es la respuesta que da el sistema a una víctima, mediante la cual la hace de nuevo revivir su papel de víctima. Esta vez no es sólo víctima de un delito, sino de la rigidez e incomprensión del sistema”, dijo el nuevo presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht, quien explicó que la situación descrita deviene de la práctica policial, de tribunales u otra instancia que trabajan con la víctima.
“El sistema penal chileno mantiene la práctica de tomar varias declaraciones a niños, niñas y adolescentes que denuncian violencia sexual u otros delitos violentos, lo que redunda en victimización secundaria. Lo que proponemos con este proyecto es limitar la toma de declaraciones a través de la inclusión del registro audiovisual”, explicó Precht.
La propuesta de reforma al Código Procesal Penal considera el marco normativo internacional para los temas de infancia -la Convención Internacional de los Derechos del Niño-, los impactos documentados sobre niños y niñas que han tenido que declarar en al menos 4 ocasiones a lo largo de un año o más, y la experiencia de los abogados querellantes que toman parte de los equipos de los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos.
Aun cuando hoy existen instituciones con la capacidad de registrar las declaraciones de los niños/as víctimas de delitos, éste material no puede constituir prueba en un juicio oral, por expresa exclusión efectuada por el Código Procesal Penal. Esta es la experiencia, por ejemplo, de la 48º Comisaría de la Familia, institución que posee una sala acondicionada para la toma de declaraciones, las cuales se registran en un soporte audiovisual.
Los objetivos de la reforma propuesta son: Limitar el número de testimoniales de los menores de edad; reforzar la experticia y capacitación de las personas que tomen la declaración; establecer un protocolo estandarizado para ello; acondicionar recintos adecuados para la toma de declaración; asegurar la participación activa de los intervinientes en dicha diligencia; registrar en soporte audiovisual la diligencia y asegurar que sirva de prueba en el juicio oral.-
