Han pasado casi cuatro años desde que se dio cuenta que no tenía derecho a postular a subsidio para la vivienda porque aparecía como beneficiaria. El error implica que debe vivir con su familia en un terreno público, sin electricidad, agua potable ni alcantarillado. Hasta hace poco, para tener luz, mandaba a uno de sus hijos a cargar una batería donde un vecino. |
 Ángela Varela, San Bernardo:
“ES TRISTE QUE NO DEN UNA RESPUESTA”
La experiencia de Ángela Varela Rodríguez -39 años de edad, separada, tres hijos- muestra que las consecuencias de un error administrativo pueden proyectarse hacia límites tan funestos como insospechados. Esta historia se remonta al 5 de abril de 2006, fecha en la cual Ángela concurre al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana a postular a una vivienda a través del programa Chile Barrio. Allí se dio cuenta de que aparecía como beneficiaria desde 2002 en el sistema computacional. “Pedí audiencia con la autoridad para que me dieran una explicación, pero me dijeron que debía esperar como seis meses; entonces pedí copia del documento en el cual yo supuestamente aceptaba el subsidio, pero me dijeron que no era posible”, relata Ángela.
Finalmente, cuenta que le dijeron que la solución que le ofrecieron era renunciar al beneficio, lo que sin embargo acarrearía un castigo que le impediría postular al subsidio por otros tres años. “Yo me negué a eso, porque el error no era mío”, dice Ángela.
“Durante años anduve de oficina en oficina, sin respuesta. Mandé muchas cartas en las que pedí explicaciones y una solución, pero me respondía con instrucciones sobre cómo postular a un subsidio o insistían en que renunciara al beneficio. Es triste que no den una respuesta”, dice esta madre de tres hijos, que ha debido enfrentar sola su responsabilidad familiar, luego de haber denunciado por violencia intrafamiliar a su esposo. “La justicia lo autorizó a él a ver a mis hijos, así que llega cuando quiere, y me ha golpeado. Yo no tengo rejas, así que no puedo controlarlo. Sé que nada de esto sucedería si tuviera una casa mía”, dice Ángela, quien muestra fotografías de lesiones de unos de sus hijos. “A él lo golpearon sus compañeros de la Escuela San Bernardo, le gritan cochino, hediondo, porque no tiene agua potable. Nosotros nos sentimos discriminados por ser pobres”, concluye.
En agosto de 2009, Ángela se enteró de la existencia de la Comisión Defensora Ciudadana y acudió a formalizar su reclamo. Con su testimonio, la Comisión despachó un oficio en el cual invocó, entre otras normativas, la Ley 19.880 de Procedimientos Administrativos, que establece, en su artículo 17, que la ciudadanía tiene derecho a “conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado” y que “las autoridades y funcionarios…habrán de facilitarles (a las personas) el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”.
En diciembre de 2009, tras las diligencias de la Comisión, la autoridad anuló la marca de beneficio del programa Chile Barrio. Un problema menos para Ángela, quien busca ahora que le reconozcan los años perdidos por este error, para acceder a una Vivienda Social Dinámica Sin Deuda. |
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