 Es significativo el avance de los debates presidenciales de la campaña en curso, dada cierta apertura a confrontar planteamientos. Este progreso, sin embargo, no es tal respecto del debate sobre derechos sexuales y reproductivos, pues la discusión continúa limitada a la ‘píldora del día después’, dado el efecto mediático y electoral de la misma.
La política de Estado, no obstante, debe encargarse de todos los temas de salud pública médicos vinculados con la salud sexual y reproductiva, incluyendo aquellos que afectan a minorías o que no necesariamente figuran en las encuestas. Por ello es imperativo relevar la situación de miles de chilenos y chilenas aquejados de infertilidad, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad. Aproximadamente, el 35% de la infertilidad se debe a un factor femenino y el 35% a un factor masculino. En el resto de los casos la infertilidad es el resultado de problemas en ambos compañeros. A menudo la causa de la infertilidad no puede ser explicada fácilmente. Es esencial que ambos, hombre y mujer, sean evaluados durante el estudio de la infertilidad.
Según estimaciones del organismo internacional, más de 80 millones de personas son o han sido infértiles, y se estima que en América Latina entre 12 y 15% de la población sufre esta enfermedad. La Sociedad Chilena de Fertilidad informa que del 90% de hombres y mujeres infértiles que consulta a clínicas privadas, más de la mitad encuentra solución a través de técnicas de reproducción asistida u operaciones quirúrgicas.
Si el lector o lectora quiere saber más al respecto, sin embargo, el Estado carece de conocimiento estadístico de la cantidad de personas infértiles, historia, grupos etáreos, condiciones económicas, etc. Sólo a través de ciertos datos aislados entregados por clínicas privadas podemos vislumbrar la situación que enfrenta esta parte de la población. Estos datos son, evidentemente, restringidos a personas con poder adquisitivo que acuden a esos centros porque pueden financiar costosas terapias.
El vacío legal sobre el tema se debe en parte a la posición expresada por ciertos grupos, que aducen que "los hijos como un regalo, un don de Dios y no como un derecho de los hombres”, pero, incluso desde esta línea de razonamiento, ello no significa que la persona no pueda trabajar para merecer su regalo. Del mismo modo, legislar sobre estas técnicas, para incorporarlas a los servicios públicos y a la cobertura de la seguridad social, no obliga a quien esté en desacuerdo a someterse a ellas.
Hoy, la carencia de una ley sobre fertilización asistida en Chile podría estar facilitando varias prácticas que en otros países están prohibidas, como la congelación de embriones y la donación y comercialización de óvulos, lo que constituye otro elemento a considerar en el debate, cuyo foco debe estar centrado en las necesidades de los pacientes y en su derecho a la reproducción.
A la fecha, la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos está limitada a la ‘píldora del día después’ o las campañas televisivas de prevención del sida, con más peso de posiciones institucionales que de la ciudadanía o los pacientes afligidos y anónimos. La amplia gama de necesidades y problemas que enfrenta la sociedad en esta materia amerita una discusión profunda. De momento, Chile no garantiza esta igualdad, puesto que los tratamientos son accesibles sólo para quienes tienen dinero. ¿Habrá algún candidato dispuesto a realizar una propuesta para resolver este vacío?
Danae Mlynarz
Presidenta de la Comisión defensora Ciudadana
www.comisiondefensoraciudadana.cl
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