Desde 1981, los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas conmemoran cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta ocasión es propicia para relevar ciertos antecedentes atinentes.
Por de pronto, cabe señalar que las mujeres representamos cerca de 51% de la población de Chile, pero diversas situaciones mantienen al género en calidad de “minoría sexual” debido a (1) la persistente situación de violencia física y sicológica en que viven miles de mujeres, (2) las discriminaciones salariales y (3) la subrepresentación en las esferas más influyentes del poder.
En el primer caso, asistimos al tipo de violencia más flagrante contra la mujer. Desde 2001 hasta la fecha, más de 500 mujeres y niñas han sido asesinadas en Chile. De las 52 mujeres asesinadas durante el año en curso, con anterioridad a los hechos ocho habían denunciado a su agresor y a cuatro de ellas la justicia les había otorgado medidas de protección. Esto evidencia que la cantidad de denuncias y el número de detenciones y sentencias es creciente, lo que equivale a decir que agresores de mujeres circulan libremente, incluso después de haber sido denunciados por sus víctimas.
Respecto del segundo ítem mencionado, en días recientes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer una estadística que contradice cualquier imagen de modernidad: las mujeres ganan 30% menos que los hombres al emplearse en el mismo cargo. En el nivel directivo, el sueldo de la mujer representa 72% de lo que obtiene su colega varón, mientras que a nivel profesional el salario de una mujer es 62% el de sus compañeros, casi 40% menos.
El informe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), publicado hace algunas semanas, revela que Chile se encuentra bajo el promedio de América Latina en cuanto a presencia femenina en el Congreso. Desde 1990 a la fecha, el continente ha pasado de 9% a 17% en el caso de las cámaras bajas; y de 5% a 12% en los senados, pero en Chile sólo hay dos senadoras de un total de 38 (5,2%) y 18 diputadas de 120 (15%). Esto muestra cuán lejos estamos de la llamada “zona de paridad”; o sea, que ni mujeres ni hombres tengan más de 60% de representación.
El nivel de consenso de las ciencias sociales y la sociedad civil apunta a señalar que la participación directa de las mujeres en la adopción de decisiones públicas no sólo es cuestión de justicia democrática, sino que constituye un mecanismo para asegurar una mejor rendición de cuentas de parte del Estado, las empresas y la sociedad hacia la mujer, en relación con sus derechos y dignidad. Por ello, la Presidenta Michelle Bachelet ha declarado en días recientes (al diario El País de España) que “los hombres sienten una atracción fatal por el poder”.
Pese a las evidencias, las mujeres todavía deben bregar con extraños sofismas esgrimidos por quienes no desean fijar leyes que permitan superar estas situaciones de injusticia y machismo. Es necesario avanzar en la consolidación institucional de cambios culturales y consensos ciudadanos para no quedarnos sólo en el simbolismo de tener o haber tenido a una Presidenta.
Danae Mlynarz
Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana
(Impreso en el Diario La Nación) |
