La iniciativa ha quedado así en condiciones de ser publicada en el Diario Oficial, momento desde el cual se abrirá por lapso de 6 meses un período crucial, como es la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. El nuevo organismo será una importante fuente de asesoría jurídica sobre la materia, y tendrá la facultad de presentar querellas en casos de genocidio, tortura, desaparición y trata de personas.
La Presidenta Bachelet resaltó en la ceremonia en La Moneda que “en un día como este es indispensable recordar a todos los compatriotas que fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos que por supuesto no queremos que vuelvan a ocurrir”.
La Presidenta estimó que la promulgación es de “enorme trascendencia” porque con ella “estamos cumpliendo con un compromiso del Gobierno y sobre todo un compromiso moral y político del país consigo mismo”.
El organismo tendrá un Consejo Directivo, otro consultivo y un director general, y entre sus funciones estará la de resguardar los antecedentes recopilados por las comisiones Rettig y Valech, referidas a desaparecidos y torturados en el gobierno militar. Dicho consejo será integrado por dos miembros designados por el Presidente de la República, dos por el Senado, dos por la Cámara, uno por los decanos de las facultades de Derecho, y cuatro por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
El proyecto ingresó al Congreso con urgencia simple el 15 de junio de 2005, a sólo tres meses de iniciado el Gobierno de Michelle Bachelet y su trámite legislativo finalizó al aprobarse este mes en el Senado el veto aditivo de la Presidenta de la República.
Este último, como se mencionó, se orienta a incluir la posibilidad de deducir querellas respecto de hechos que sean delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, desaparición forzada, tortura, tráfico de migrantes o trata de personas.
Entre otras consideraciones, la ley refuerza las políticas de reparación, estableciendo nuevas pensiones para los menores de edad nacidos en prisión y para los familiares de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos (DDHH).
Asimismo, propone que el informe que cada año publique el Instituto pueda ser presentado a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a instituciones dedicadas a la defensa y promoción de los DDHH.-
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