En el inicio del período legislativo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la nueva indicación del Ejecutivo para avanzar en la Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas.
El ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, que encabezó la discusión en la citada comisión parlamentaria, valoró que tras largos meses de tramitación, los diputados de esa instancia lograran arribar a un consenso que permita llevar la reforma constitucional a Sala.
“Hemos insistido en que el Parlamento avance en la creación de la Defensoría de las Personas, porque se trata de una necesidad que se palpa a diario y las instituciones que existen no logran garantizar los derechos de las personas y defenderlas ante el abuso. Me refiero no solo a los órganos de la administración pública, sino también a las superintendencias”, dijo el Ministro.
Con ello, respondió al argumento de algunos parlamentarios que consideran innecesario crear en Chile la figura del Ombudsman, asegurando que las superintendencias actualmente son capaces y tienen atribuciones para resolver las vulneraciones de derechos de los usuarios.
“Hay casos donde las superintendencias no se pronuncian o no tienen atribuciones y esas personas quedan en total desamparo. Por eso, esperamos que los diputados respondan al sentir ciudadano frente al abuso y la protección de derechos que debemos garantizar”, dijo la Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz.
Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas:
La Reforma Constitucional, actualmente con suma urgencia, se votará la próxima semana en Sala y requiere para su aprobación un quórum de 3/5 de los diputados en ejercicio. Establece la creación de un órgano autónomo que tendrá como función la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas.
Su ámbito de acción se extiende desde los órganos de la administración del Estado hasta las personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación y que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública.
